LA RESISTENCIA FEMINISTA, integrada por la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) El Salvador, Vía Campesina, Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de Salud y Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, manifestamos lo siguiente:
Nos encontramos en Estado de Emergencia ante la vulneración de derechos que se ha ensañado mucho más contra las mujeres históricamente empobrecidas y donde el gobierno de Nayib Bukele ha sido clave en el desmejoramiento de los servicios especializados para las mujeres, la reducción o desviación de presupuestos etiquetados en todos las carteras de Estado, cierre de programas en diferentes Ministerios y nula política con enfoque de género, traduciéndose en:
Prevalencia de la Violencia contra las mujeres.
En El Salvador durante el 2020 las mujeres han tenido que soportar la violencia de tres pandemias: la del Covid 19, la violencia machista, sumado a la violencia institucional ejercida desde el gobierno del presidente Nayib Bukele con la reducción de 61.1 millones de dólares en las políticas sociales para atender a las mujeres. (Presupuesto General de la nación) Desde enero a junio del 2020 se registraron 9,176 hechos de violencia denunciados, 2,271 casos de violencia sexual en niñas y mujeres de estas son 1,569 menores de 18 años; 2,812 casos de violencia física, 2,043 hechos de violencia patrimonial, 42 casos de violencia laboral y 1,845 que corresponden a otros delitos contemplados en la LEIV. Además, se registraron 97 hechos de violencia feminicida y 57 feminicidios. Las edades de las víctimas son mayoritariamente de 10 a 40 años y ante esta situación hay un silencio permanente del ISDEMU, no tiene posición, guarda silencio, esto lo hace cómplice de todas estas violaciones y la violencia del gobierno.
Sistema de Salud precario para las Mujeres.
Nayib Bukele prometió combatir el flagelo del embarazo y los abusos en niñas y adolescentes, sin embargo, este año se experimenta un incremento de niñas y adolescentes embarazadas, principalmente en el periodo de la cuarentena por la pandemia por COVID-19. Según el Sistema de Morbilidad en Línea (SIMMOW), la Red Nacional de Servicios de Salud del MINSAL, en el periodo de enero a junio de 2020, El Salvador registró 250 niñas embarazadas de 10 a 14 años. Mientras que en edades de 15 a 19 años se tuvo 6,581 embarazos. Es decir, que en tres meses hubo un aumento de embarazos en niñas de 10 a 14 años en un 79.16% y en 71.6% en adolescentes de 15 a 19 años. Esta situación evidencia la vulnerabilidad y el sometimiento de las niñas y adolescentes a sus agresores. Siendo esta una consecuencia directa del confinamiento extremo, prolongado y prematuro a la que fue obligada la población, sin garantizar los servicios de salud para las mujeres. A esto se suma la alta cantidad de embarazos impuestos ante la falta de métodos anticonceptivos.
Otra situación preocupante es que a casi dos años del gobierno de Bukele ha habido incremento de la muerte materna, en el 2020 se registraron 46 muertes de mujeres en comparación del 2019 que hubo solamente 27 muertes según el Sistema de Morbilidad en Línea (SIMMOW), todo esto debido al desmantelamiento del primer nivel de Atención, que no garantizó la implementación de las estrategias del Plan de Reducción de Muerte Materna.
Crisis de desempleo para las Mujeres.
Desde el inicio del gobierno de Bukele ha despedido a más 9 mil personas, la mayoría mujeres y se incrementan los despidos en instituciones del ejecutivo y la empresa privada. La crisis de la pandemia ha dejado a 19,484 mujeres sin un empleo formal, en febrero del 2020 había 313,617 mujeres cotizando en las AFP, mientras en septiembre esa cifra cayó a 294,133.
De acuerdo a información de la Superintendencia del Sistema Financiero. En la cuarentena se suma las pérdidas de empleos informales por cierre de mercados y negocios locales, profundizando más la pobreza de las mujeres. Además se incrementó el trabajo no remunerado de tareas del cuidado para niñas, adolescentes y mujeres, en donde asumió desde maestra hasta asistente médica, a falta de que en El Salvador no hay instituciones que aborden el trabajo del cuidado.
Las mujeres ejercemos las mismas actividades laborales que los hombres, sin embargo enfrentamos una brecha salarial promedio de $59.59, siendo incluso mayor en mujeres con niveles educativos superiores, conformando un escenario de inequidad laboral, en donde 45 de cada 100 mujeres han sido afectadas con menor remuneración, a pesar de ejercer las mismas funciones.
La inexistencia de una ley nacional de pensiones que incorpore el enfoque de género, en donde se le garantice una pensión vitalicia a las mujeres por su aporte a la economía nacional por el trabajo reproductivo no remunerado durante su edad reproductiva y además un régimen de previsión social actual excluye el tiempo de descanso de maternidad como parte del tiempo a ser considerado en nuestro historial laboral.
Mujeres rurales y producción agrícola En el Salvador solo el 13% de las mujeres es propietaria de tierra para cultivo, esta situación margina a las mujeres campesinas e indígenas pues se les niega el acceso a créditos agrícolas y programas agropecuarios, asimismo no se reconoce a las mujeres como productoras agropecuarias; además las que se emplean como peonas en los trabajos de temporada sufren discriminación y obtiene menos remuneración económica por el mismo trabajo que realiza un hombre solo por el hecho de ser mujer.
Esto las pone en situación de desventaja obligándolas a realizar solo trabajo reproductivo y dependiendo exclusivamente del salario de los hombres, lo cual limita su pleno desarrollo como personas y toma de decisiones.
Débil participación política de las Mujeres.
La representación de las mujeres como funcionarias o en puestos de toma de decisión es vital para la democracia, además de ser un derecho, es de suma importancia para impulsar políticas públicas, leyes o cambios que impacten de manera positiva a la sociedad.
En El Salvador, la participación de las mujeres electas en instancias del Estado como la Asamblea Legislativa, funcionarias del órgano ejecutivo o judicial y concejos municipales, continúo siendo minoritaria, considerando que somos más de la mitad de la población.
Por lo anteriormente expuesto nos preocupa la drástica reducción de mujeres en cargos de elección pública según los resultados del 28F, en la Asamblea Legislativa solo son 23 mujeres propietarias.
Demandas:
Al gobierno de la republica que dé continuidad a programas, proyectos y políticas a favor de las mujeres, especialmente las de zona rurales y urbano marginales, además que nuestras demandas sean visibilizadas y priorizadas en el plan de gobierno.
Que el Estado asigne recursos en el presupuesto asignado al ISTA para compra de tierras; así asignar al menos media manzana a mujeres productoras en las comunidades, principalmente que estén organizadas en diferentes estructuras de organización local. Se garantice el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres y Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra la Mujer dentro de todas las instancias del Estado.
Se garanticen los recursos necesarios del Estado para la implementación de las políticas sociales y desarrolle programas integrales de fomento a la agricultura y el acceso a medios de vida, el acceso al crédito e igualdad en cuanto a los derechos sobre la tierra y el derecho de herencia para su desarrollo pleno de las mujeres rurales, campesinas e indígenas.
Aplicar políticas económicas y leyes dirigidas a reducir la desigualdad económica de las mujeres, incluyendo medidas que promuevan la igualdad salarial, el trabajo digno y así como reconocer, reducir y redistribuir la carga de trabajo no remunerado.
La territorialización de las políticas públicas en favor de las mujeres debe pasar por un marco legal que ampare el derecho a la alimentación y el agua como derechos humanos fundamentales para la vida de las mujeres.
Demandamos pensiones universales para las mujeres, por todo el aporte a la economía nacional, a través del trabajo reproductivo en todo su ciclo de vida.
Además retomar la POLÍTICA DE CORRESPONSABILIDAD EN LOS CUIDADOS EN EL SALVADOR. Condenamos enérgicamente los despidos masivos de las mujeres durante toda la pandemia y exigimos al ministro de Trabajo que resuelva la problemática en la maquila Florenzi.
¡JUNTAS LUCHAMOS, RESISTIMOS Y AVANZAMOS!
