Después de la emisión de la nueva Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por el COVID-19, aprobada el 5 de mayo por los parlamentarios salvadoreños, el Gobierno ha implementado medidas más estrictas de confinamiento y extendió la cuarentena 15 días más, calificándola el presidente salvadoreño, Nayib Bukele como “cuarentena especial”.
Desde el pasado 7 de mayo entró en vigor el Decreto Ejecutivo número 22, que prohíbe la circulación de buses y microbuses del transporte público, suspende el funcionamiento de algunas industrias, así como la producción de bebidas alcohólicas y carbonatadas, entre otras y también prohíbe la movilidad de personas entre municipios.
Las salidas para abastecerse de alimentos y medicinas o para hacer trámites bancarios se permiten, con el nuevo decreto, según el último número del carné de identificación, por lo que cada persona podrá salir 2 días por semana y tendrá que enseñar a la entrada de los establecimientos su carné para comprobar que el último número coincide con el día que le corresponde salir, según el decreto. Estas medidas tienen una fuerte repercusión en la economía, afectando fuertemente a la clase trabajadora y a la más empobrecida del país.
Según el gobierno, estas medidas tienen la finalidad de salvaguardar a la población del contagio del Coronavirus pero muchos sectores defensores de Derechos Humanos se han pronunciado al respecto, incluso la empresa privada y los mismos legisladores de derecha quienes aprobaron la Ley que dio paso al Decreto Ejecutivo 22, por considerar que transgreden derechos humanos.
Como consecuencia a esta situación, las mujeres jóvenes participantes del proyecto “Más feminismo menos violencia: empoderando a las mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos”, ejecutado por Las Mélidas en colaboración con Fundación Mujeres y con el apoyo financiero de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo –AACD-, a través del seguimiento de los Comités de Defensoras de Derechos Humanos señalan verse afectadas directamente tanto en el ámbito laboral y económico, como en su seguridad alimentaria y su salud emocional.