Señoras y señores miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa

Atención: Diputado Mario Ponce. Presidente

Sr. Pablo Salvador Anliker Ministro de Agricultura y Ganadería.

Sr. Diego Recalde Representante de la FAO El Salvador

Presentes

El 17 de abril de 2020, celebraremos el Día Internacional de la Lucha Campesina.

Nos dirigimos a ustedes en el contexto de la pandemia del COVID-19, cuando se ha expuesto una vez más la vulnerabilidad del sistema alimentario globalizado actual (dominado por la agricultura industrial) y los peligros hacia el plantea para todas las formas de vida.

Una lección a tener en cuenta es que debemos aprender de esta crisis y dedicar tiempo a la construcción de sistemas alimentarios diversos, resistentes locales y territoriales. En este contexto, ejecutamos la CAMPAÑA JUSTICIA CLIMÁTICA EL SALVADOR, llevada a cabo por un colectivo de organizaciones sociales relacionadas con la sustentabilidad socioambiental; es decir, protección, conservación del medio ambiente, soberanía alimentaria mediante la producción agroecológica, e incidir en el logro de la Justicia Climática en nuestro país y el mundo.

A través de la presente les enviamos un mensaje de las mujeres campesinas, campesinos, pequeñas, pequeños, y medianos productores y productoras de alimentos, así como cooperativistas quienes posibilitan y garantizan la soberanía alimentaria, en estos tiempos de crisis. Quienes durante toda su vida han garantizado la producción y suministro de alimentos a las comunidades, en todo el país y a nivel regional; además, contribuyen alimentar al planeta durante generaciones, utilizando conocimientos ancestrales, experiencia de metodologías limpias y bajo modelos agroecológicos para no dañar el medio ambiente, competencias que han desarrollado a lo largo de sus vidas.

Les planteamos que persisten muchas deudas en políticas públicas y cumplimiento de derechos al campesinado, población indígena y otras personas que trabajan en las zonas rurales con la tierra tales como:

1. El limitado o nulo acceso al agua y la naturaleza a las que están vinculadas y de las que dependen para su subsistencia; quienes además sufren más intensamente las consecuencias causadas por la degradación del medio ambiente y el cambio climático.
2. La persistencia de la pobreza, el hambre y la desnutrición de las familias campesinas; quienes además no cuentan con sistema de protección social adecuado y suficiente como para garantizar una pensión que dignifique la vejez del campesinado
3. El abandono del campesinado, que empuja a la juventud a una cada vez mayor emigración a las zonas urbanas y evitar la vinculación con el trabajo agrícola, debido a la falta de incentivos y a la dureza de la vida rural.
4. La falta de acceso de las mujeres rurales, campesinas, indígenas cooperativistas a la tenencia y propiedad de la tierra y el acceso en condiciones de igualdad a la tierra, los recursos productivos, los servicios financieros, la información, el empleo o la protección social, y con frecuencia son víctimas de la violencia y la discriminación en diversas formas y manifestaciones.
5. El no reconocimiento simbólico ni monetario del fundamental trabajo reproductivo y del cuido por parte las campesinas y otras mujeres de las zonas rurales, quienes desempeñan un papel importante en la supervivencia económica de su familia y mediante su contribución a la economía rural y nacional, en particular por su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, los que no son reconocidos y más bien se acentúa deben desempeñar el trabajo doméstico y de cuidados sin considerar políticas de estado para reconocer este trabajo invisible ni siquiera en las cuentas macroeconómicas del país.
6. La falta de espacios reales de participación, pues persisten factores que dificultan que los campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales, como los pequeños pescadores y trabajadores de la pesca, ganaderos, silvicultores y otras comunidades locales, puedan hacerse oír, defender sus derechos humanos y sus derechos de tenencia y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales de los que dependen.
7. El fomento de un modelo basado en la agroindustria alimentaria, afectando la salud y el medio ambiente. Esto lleva a que para los y las campesinas sea cada vez más difícil contar con los recursos productivos y a la inversión que les permita el acceso adecuado a tierra, al agua, a las semillas y a otros recursos naturales.
8. La falta de una política que promueva y proteja la justicia alimentaria para los consumidores, por lo que es necesario hacer mucho más hincapié en el apoyo al acceso a alimentos frescos, nutritivos y cultivados de forma agroecológica para todos y todas, incluidas las poblaciones socialmente marginadas y vulnerables.
9. La permanente opresión sobre la voz campesina por los intereses privados de aquellas personas que viven la realidad de las políticas neoliberales todos los días.

Estas políticas destruyen miles y miles de pequeñas explotaciones agrícolas, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria de toda la población.

Les llamamos a adoptar todas las medidas necesarias para erradicar todas las formas de discriminación a las campesinas y otras mujeres que trabajan en las zonas rurales, para promover su empoderamiento de manera que puedan disfrutar plenamente, en pie de igualdad con los hombres, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y obrar por el desarrollo económico, social, político y cultural del ámbito rural, participar en él y aprovecharlo con total libertad.

Por tanto, hacemos las siguientes peticiones, a las entidades competentes para que asuman todas las medidas y acciones necesarias para erradicar todas las formas de discriminación en el ejercicio de sus derechos por motivos de origen, raza, color, linaje, sexo, cultura, estado civil, patrimonio, discapacidad, edad, opinión política o de otra índole, religión, nacimiento o situación económica, social o de otro tipo.

1. Establecer un proceso de respuesta de las entidades competentes del Gobierno salvadoreño, ante la pandemia del COVID-19 para brindar todo el apoyo necesario a comunidades y organizaciones campesinas, de agricultores, mujeres agrícolas, cooperativistas, a pequeños y medianos productores (campesinos, pescadores, etc.) para garantizar la producción de alimentos.
2. Implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP).
3. Implementar políticas basadas en la Agroecología para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de la población salvadoreña a nivel nacional, local y regional, para apoyar la producción de alimentos de buena calidad, sanos, nutritivos y frescos para toda la población salvadoreña, garantizando la justicia alimentaria en un marco de justicia económica, social y cultural.
4. Una política agraria, laboral y social que garantice salarios y condiciones dignas para las personas trabajadoras rurales, evitando abusos y despidos.
5. Una política que incluya la seguridad jurídica y asistencia técnica para los y las campesinas que se dedican a la producción agroecológica.
6. Difusión de la voz de la Sociedad Civil en los organismos e instituciones internacionales, como los debates de la FAO sobre sistemas alimentarios sostenibles, nutrición y agroecología.

Y para garantizar verdaderamente que se respeten los derechos de las y los campesinos, productores de alimentos en pequeña y mediana escala, los gobiernos locales, nacionales y regionales también Demandamos a:

A la Asamblea Legislativa:

1. Legisle a favor de los derechos fundamentales del campesinado en el país, como la aprobación de la Ley General de Aguas, que hace más de 14 años está en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, en espera de aprobación.
2. Aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria, que está en manos de la Comisión de Medio Ambiente sin lograr avances para su aprobación.

Al Ministro de Agricultura y Ganadería,

1. Que implemente políticas agroecológicas que garanticen la soberanía y seguridad alimentaria de toda la población salvadoreña.
2. Que instale una mesa de interlocución, consulta y de toma de decisiones en la que de forma activa se incorporen de inmediato para ser parte de la toma de decisiones en la implementación de esas políticas.

Al Representante de la FAO El Salvador

3. De cumplimiento a su mandato respecto a la implementación del proyecto RECLIMA en el corredor seco del país, para que se implemente, ya que debió haber iniciado el año 2019 y aun no llegan los beneficios de su implementación al campesinado, en las zonas definidas en dicho proyecto.
4. Sea incluyente en el dialogo y participación activa del proyecto al campesinado, mujeres agrícolas, cooperativistas y población indígena, así como garantizar las salvaguardas que el proyecto establece para que las mujeres tengan una participación en condiciones igualitarias respecto a los hombres, así como a los otros sectores y personas que trabajan en el sector agrícola.
5. Dar cumplimiento a los fines, objetivos y metas del proyecto, para que la reparación de la deuda ecológica con las y los más afectados y afectadas y de inicio a repararse; para ponerlo en práctica en el corredor seco de El Salvador, como alternativa para la adaptación climática, el fortalecimiento de la agricultura campesina basada en la agroecología.

Los resultados reales necesitan un cambio real y en este punto crítico de la historia, nos estamos quedando sin tiempo y sin opciones. Los campesinos y los productores de alimentos en pequeña escala proporcionan una forma inmediata de alimentar al planeta de manera sostenible, puesto que utilizan métodos que ayudan a mitigar el cambio climático. Estos métodos proporcionan más empleo en las zonas rurales y protegen la diversidad de nuestro planeta y de la sociedad.

Nos encontramos en una encrucijada que determinará el futuro de cada uno de los individuos del planeta, y por ello, instamos a los responsables de dirigirnos a que dejen que los campesinos y los pequeños productores de alimentos les guíen por el camino que tan bien conocen, a fin de lograr estos objetivos: La vía campesina, el camino campesino.

Integrantes de la Campaña Justicia Climática El Salvador

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La Vía Campesina, La Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA), Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central (FECORACEN) , La Asociaciación  Comunitaria Unida Por el Agua y la Agricultura (ACUA), La Mesa de Soberanía Alimentaria, ECOS de El Salvador, organización preocupada por la crisis ambiental como el agua, mujeres rurales (AMSATI),  Asociación de Mujeres Mélida Anaya Montes, La Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES),  Mesa de Pueblos Indígenas frente al cambio climático, Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria, PROVIDA; Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña, CONFRAS; y Fundación Mundubat

San Salvador, 17 de abril de 2020