RESISTENCIA FEMINISTA POR LA VIDA Y LA SALUD DE LAS MUJERES
JUNTAS LUCHAMOS, RESISTIMOS Y AVANZAMOS.
POR UNA MESOAMÉRICA FEMINISTA, LIBRE Y SOBERANA
En el marco del 08 de marzo, Día Nacional e Internacional de las Mujeres, la Resistencia Feminista, integrada por la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) El Salvador (MSM, IMU, Melidas y Fundemusa), la mesas de SSR del Foro Nacional de Salud, La Vía Campesina y la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, nos unimos junto a miles de feministas del mundo, contra el patriarcado, la militarización y el avance de las políticas neoliberales.
Las feministas de izquierda nos encontramos en alerta ante el intento de golpe de Estado suscitado el 09 de febrero en El Salvador, siendo un claro retroceso a los Acuerdos de Paz. Rechazamos las prácticas autoritarias y dictatoriales, promovidas por el presidente de la República y repudiamos el despliegue militar para las funciones de seguridad pública en el marco del Plan Control Territorial, agudizando la violencia contra las mujeres en las comunidades empobrecidas.
El Salvador por décadas fue gobernado por los militares, cuidando los intereses de los dueños del país, después gobiernan civiles, siempre resguardados por el ejército, el accionar de esta institución militar contra el pueblo siempre fue protegida y avalada por las instituciones del Estado, la represión, las muertes, desaparecidos/as, torturadas/os, desplazados, la injusticia social y la violación de los derechos humanos provocan el conflicto armado que termina con la firma de los acuerdos de paz. Tras décadas de militarismo, 12 años de conflicto armado y la amenaza del regreso de un sistema de terror desde el Estado, afecta el desarrollo de mujeres y hombres y la historia demuestra que la represión militar de forma diferenciada la vida y los cuerpos de las mujeres.
Por lo tanto, MANIFESTAMOS a las mujeres y al pueblo salvadoreño lo siguiente:
Violencia contra las Mujeres y población LGBTI
El alarmante retroceso en materia de atención especializada para mujeres en situación de violencia y la disminución de presupuestos etiquetados para la reducción de la desigualdad de género, en un país sumamente violento para las mujeres, en donde hasta el 01 de marzo hay 18 muertes violentas, en el 2019 3,138 hechos de violencia sexual, de los cuales el 65% fueron perpetrados contra niñas y adolescentes menores de 18 años, un promedio de 17 casos de violencia sexual diarios y sin presupuesto para la atención de esta problemática. En el 2019 fueron asesinadas más de 10 mujeres trans con mucho odio y barbarie, hasta la fecha no se les ha hecho justicia.
Un Estado cómplice de la impunidad ante los hechos de la violencia contra las mujeres, que mantiene en puestos claves del gabinete, funcionarios señalados y judicializados por hechos de misoginia y violencia contra las mujeres.
Denunciamos el papel de los medios de comunicación que replican patrones machistas que contribuyen con la normalización de la violencia, encubriendo a violentadores denunciados públicamente.
Derecho a una salud sexual y reproductiva
La penalización absoluta del aborto sigue condenando a cientos de mujeres, niñas y adolescentes históricamente empobrecidas, a poner en riesgo su salud y vida, en un país donde 3 de cada 10 embarazos son de niñas y adolescentes, producto de violaciones y en muchos de los casos los agresores son familiares y conocidos y un aparataje patriarcal que criminaliza y encarcela injustamente a mujeres que han enfrentado emergencias obstétricas.
Situación laboral de las mujeres
Las mujeres trabajamos más y ganamos menos, enfrentamos una brecha salarial promedio de $59.59[1], siendo incluso mayor en mujeres con niveles educativos superiores.
Condenamos los despidos injustificados que se han dado en el gobierno de Bukele, de los cuales 2000 empleos la mayoría han sido mujeres las afectadas, muchas de ellas son jefas de hogar.
La inexistencia de una ley nacional de pensiones que incorpore el enfoque de género, en donde el régimen de previsión social actual excluye el tiempo de descanso de maternidad como parte del tiempo a ser considerado en nuestro historial laboral.
Trabajo Reproductivo es Trabajo Productivo
Denunciamos una economía que invisibiliza nuestro aporte a partir del trabajo reproductivo y del cuidado que es la base para la sostenibilidad de vida y el desinterés del Estado ante la implementación de leyes y ratificación de convenios, como la Ley de Salas Cunas que recientemente se han pronunciado a favor de postergar dicha medida que obliga a la empresa privada a garantizar el cuidado de hijas/os de las/os trabajadoras/es y el Convenio 189 de la OIT, referente al Trabajo Doméstico Remunerado, salario mínimo y seguridad social universal y una Ley Especial que regule el Trabajo Doméstico.
Ni los cuerpos de las mujeres, el agua y la tierra somos territorio de conquista.
La deuda histórica de más de una década sin la aprobación de una Ley General de Aguas que aumenta las desigualdades, ya que las mujeres son las principales recolectoras, administradoras y usuarias del recurso. Especialmente en la zona rural, ya que se exponen a la violencia sexual, tras largas distancias para abastecerse del vital líquido. Y la falta de aprobación de una Ley de Soberanía Alimentaria.
Mujeres con discapacidad.
Actualmente, las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan las peores situaciones de discriminación y denegación de sus derechos más fundamentales, no existen condiciones para que puedan acceder a la salud, y menos a sexual y reproductiva, a la rehabilitación y accesibilidad, educación, trabajo y protección social. Alrededor de 222,595 mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias, la mayoría lideradas por mujeres, subsisten en condiciones de precariedad y exclusión social, existen más de 29, 935 niñas y adolescentes que no tendrán la oportunidad para su pleno desarrollo.
Retrocesos en materia de derechos humanos de las mujeres, población LGBTI y presupuestos para las mujeres.
El Primer Presupuesto presentado por este gobierno ha implicado para las mujeres importantes recortes en programas dirigidos a la salud sexual y reproductiva, así como de programas sociales dedicados a promover la igualdad de género y servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres. Entre los cuales se destaca la disminución de $10 millones al sustituir el programa “Fortalecimiento de la salud de la mujer” por el de “Desarrollo infantil temprano”, suprimiendo programas como: Agricultura familiar, Alfabetización de adultos y adultas; no incluye los incrementos anunciados públicamente a veteranas, veteranos y policías; disminuye $2.3 millones de la pensión básica universal para personas adultas mayores y planean una dramática reducción de $9.0 millones de dólares al subsidio al gas licuado, además de no cubrir los escalafones del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. En total son 61,406.944 millones de dólares menos, para programas dirigidos a las mujeres.
También recortes en el primer nivel de atención en salud (clínicas comunitarias, unidades de salud, casas de espera materna y ECOS), reduciendo un total de $33.5 millones de dólares, lo que afecta directamente a las mujeres y a la niñez.
Estos recortes también han afectado a las mujeres lisiadas de guerra y a esta población en general, donde las mujeres con cáncer e insuficiencia renal y otros, el sistema solo los está tratando por la lesión, no les dan la atención integral que ellas necesitan; además no tienen acceso a créditos, ni a un trabajo por su discapacidad.
En la administración anterior, existía la Dirección de Diversidad Sexual. Esta se encontraba adscrita a la extinta Secretaría de Inclusión Social y tenía el objetivo de “erradicar toda forma de discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género” en la administración pública. Desde esa dirección se evaluaba la creación de oportunidades y no discriminación de población LGBTI en cada ministerio del gobierno.
El gobierno de Bukele elimino el Decreto Ejecutivo 56, que prohibía todo tipo de discriminación por orientación sexual e identidad de género en el Órgano Ejecutivo e impulsaba la necesidad de medidas afirmativas. Esta medida les permite a las instituciones públicas NO rendir cuentas sobre sus acciones en favor de la inclusión de la población LGBTI.
POR ESTAS RAZONES:
EXIGIMOS a las instituciones del Estado, partidos políticos, universidades, todo el sector privado, sector de justicia y legislativo, CERO TOLERANCIA ante los agresores, a cumplir con lo que mandata la LEIV, y una reforma de ley que elimine el fuero a funcionarios en hechos de violencia por razones de género.
DEMANDAMOS al Estado el compromiso real de cumplir con la implementación de la LEIV y la LIE, garantizando asignaciones presupuestarias, un adecuado funcionamiento de las unidades de atención especializadas de la violencia contra las mujeres, combatiendo la impunidad y erradicando las situaciones de acoso y violencia al interior de las instituciones. Y la implementación de un programa nacional para erradicar la violencia sexual y feminicida en El Salvador.
EXIGIMOS Contar con un sistema de salud pública que garantice la atención integral para las mujeres y con discapacidades que sea de calidad y con calidez de los servicios de salud sexual y reproductiva, con énfasis en la prevención de embarazos en adolescentes y atención en violencia sexual y promoción de la salud materna para prevenir la mortalidad materna e infantil.
EXIGIMOS la despenalización del aborto por 4 causales de riesgo de salud y vida, como un derecho de las mujeres a decir sobre su cuerpo. Además, una reforma a la currícula educativa sin prejuicios y discriminación, que promueva la educación integral en sexualidad, y laica, garantizando a las niñas y adolescentes de centros escolares y universidades libres de acoso y violencia.
DEMANDAMOS un Plan de Seguridad que tenga como eje central la prevención y atención de violencia contra las mujeres, erradicando la militarización de los territorios y la persecución política a mujeres defensoras de derechos humanos.
EXIGIMOS la no privatización del agua y la aprobación de la Ley General de Agua que declara el agua como un bien público y de la Ley de Soberanía alimentaria.
DEMANDAMOS: al Ministerio de Agricultura, retomar y asignar presupuesto para la ejecución de la Política Publica de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, asimismo reconocer a la Alianza por la defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales como ente Interlocutor y contralor de su implementación y retomar los programas de Desarrollo Productivo Rural como: PAF, PRODEMOR, Amanecer Rural y PRODEI, con las organizaciones de mujeres rurales a nivel territorial para garantizar que la asistencia técnica y otros beneficios lleguen a ellas.
EXIGIMOS el reinstalo inmediato de TODAS las compañeras injustamente despedidas por el Gobierno de Bukele.
DEMANDAMOS El Reconocimiento de las Mujeres Lisiadas de Guerra como titulares de Derechos y constructoras de Paz, la protección y garantía de cumplimiento de derechos de las mujeres con discapacidad. Y La aprobación de la propuesta de Reforma a “La Ley de Beneficio para la Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, Decreto Legislativo 416” que daría respuesta a: atención integral en salud en el FOPROLYD.
DEMANDAMOS A la Asamblea Legislativa que se apruebe la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad de manera que, los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad sean restituidos a través de la mencionada ley.
DEMANDAMOS Impulsar una Ley Nacional contra la Discriminación y la aprobación de la Ley de Identidad de Género y programas educativos que permita educar a la población y a los servidores públicos para que no reproduzcan la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI.
EXIGIMOS el respeto a los ACUERDOS DE PAZ y el fortalecimiento a la institucionalidad democrática que garantice la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición de la violencia y el terror ejercida por el Estado.
