En el Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las feministas de izquierda que integramos el Foro Nacional de Salud, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y la Vía Campesina, y que conformamos la RESISTENCIA FEMINISTA POR LA VIDA Y LA SALUD DE LAS MUJERES, marchamos y nos unimos al grito mundial de la diversidad de mujeres por la erradicación de la violencia y para que se visibilice la problemática que enfrentamos en lo económico, social, político y ambiental en nuestra sociedad.
LA VIOLENCIA FEMINICIDA QUE AFECTA A LAS MUJERES. Las mujeres y las niñas seguimos enfrentando altos niveles de violencia por razones de género. Según la encuesta de violencia, 7 de cada 10 mujeres en El Salvador han tenido al menos una situación de violencia en su vida.
De enero, al 14 de noviembre de 2019, 208 MUJERES HAN SIDO ASESINADAS EN EL PAÍS, y cada día en promedio, según datos del 2018, 6 MUJERES AL DÍA DENUNCIARON UN HECHO DE VIOLENCIA SEXUAL, en su mayoría contra niñas y jóvenes.
NOS PREOCUPA LA CULTURA DE IMPUNIDAD QUE FAVORECE A LOS AGRESORES y da un mensaje social de considerar la violencia contra las mujeres un crimen menor, además de la permanencia del fuero patriarcal en el sistema de justicia como en los recientes casos del asesor de seguridad del actual gobierno, Alejandro Muyshondt que atentó contra dos mujeres; el magistrado Jaime Escalante, que agredió sexualmente a una niña de 10 años, y el periodista, Roberto Hugo Preza por acoso sexual a mujeres periodistas.
CONDENAMOS EL ALZA DE FEMINICIDIOS PERPETRADOS A LAS MUJERES TRANSGÉNERO, en donde transitar por las calles se ha convertido un peligro por razones de identidad sexual, expresión de género u orientación sexual, por ser mujer o por no responder a estándares de moralidad que no corresponden a un Estado laico y a la falta de políticas de seguridad, inclusión económica y social que garanticen una vida digna y libre de violencia para la población sexo disidente.
NUESTROS CUERPOS, NUESTROS DERECHOS, POR UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. La penalización absoluta del aborto sigue condenando a cientos de mujeres a poner en riesgo su salud y vida, obligando a muchas niñas y mujeres a enfrentar embarazos impuestos.
3 DE CADA 10 EMBARAZOS EN NUESTRO PAÍS SON DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, DONDE EN MUCHOS DE LOS CASOS LOS AGRESORES SON FAMILIARES Y CONOCIDOS. ¡NI EL AGUA, NI LA TIERRA NI EL CUERPO DE LAS MUJERES ES TERRITORIO DE CONQUISTA!. Actualmente 207 mil hogares no tienen acceso al agua por cañería, perjudicando directamente a las mujeres, ya que ellas realizan las tareas del cuidado. Esta realidad las obliga a movilizarse a grandes distancias en su búsqueda y exponiéndolas a situaciones de violencia machista.
RETROCESOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Otra de las problemáticas que violenta los derechos de las mujeres, es el recorte de aproximadamente 10 millones de dólares al presupuesto general de la nación 2020, que ha hecho el actual presidente Nayib Armando Bukele, en todo lo que se refiere al rubro dedicado para la atención y desarrollo integral de las mujeres.
POR ESTAS RAZONES EXIGIMOS:
EXIGIMOS a las instituciones del Estado, partidos políticos, universidades, todo el sector privado, sector de justicia y legislativo, CERO TOLERANCIA ante los agresores, a cumplir con lo que mandata la LEIV, y una reforma de ley que elimine el fuero a funcionarios en hechos de violencia por razones de género.
DEMANDAMOS al Gobierno y Asamblea Legislativa presupuestos y leyes, respectivamente que reflejen los intereses y necesidades de las mujeres, siendo necesarios continuar y crear programas sociales que benefician a las mujeres, como: Ciudad Mujer, Atención especializadas a mujeres en situación de violencia, Hogares de Espera Materna, y otros.
EXIGIMOS contar con un sistema de salud pública que garantice atención de calidad e integral en servicios de salud sexual y reproductiva, con énfasis en la prevención de embarazos en adolescentes, atención en violencia sexual y mortalidad materna.
EXIGIMOS la despenalización del aborto por 4 causales de riesgo de salud y vida.
EXIGIMOS una reforma educativa sin prejuicios y discriminación, que promueva programas de educación integral sexual, laica y garantizando a las niñas y adolescentes centros escolares y universidades libres de acoso y violencia.
DEMANDAMOS Políticas de seguridad, inclusión económica y social que garantice una vida digna y libre de violencia. Que los dispositivos de orden social del Estado respondan e incluyan a todas las personas y que ya no hayan asesinatos de personas sexo disidentes por no encajar en un régimen heterosexual obligatorio.
EXIGIMOS la no privatización del agua y la aprobación de la Ley General de Agua que declara el agua como un bien público, gestión sustentable de las cuencas, reconocimiento de las mujeres como productoras agropecuarias, tierra para las mujeres y cobertura educativa para las mujeres rurales en todos los niveles.
EXIGIMOS una Ley de Inclusión para las personas con discapacidad con enfoque de género, un ente rector de las políticas públicas en el tema de discapacidad, una Ley de Identidad de Género, la no violación a los derechos de las mujeres con VIH, y garantizar el acceso a la atención en salud integral a esta población.
EXIGIMOS retomar los programas de Desarrollo Productivo Rural como: PAF, PRODEMOR, Amanecer Rural y PRODEI, con las organizaciones de mujeres rurales a nivel territorial para garantizar que la asistencia técnica y otros beneficios lleguen a ellas.
EXIGIMOS retomar y asignar presupuesto para la ejecución de la Política Publica de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, asimismo reconocer a la Alianza por la defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales como ente Interlocutor y contralor de su implementación.
San Salvador, 25 diciembre de 2019
