Las feministas de izquierda participantes en más de 100 organizaciones locales y nacionales que integran el Foro Nacional de Salud, Federación Democrática Internacional de Mujeres y la Vía Campesina, que conformamos la Resistencia Feminista por la Vida y la Salud de las Mujeres nos tomamos las calles y marchamos juntas: jóvenes, adultas mayores, campesinas, indígenas, estudiantes, profesionales, ambientalistas, mujeres con discapacidad, con diversas identidades y orientaciones sexuales nos unimos a la huelga mundial de mujeres y paramos para visibilizar las situaciones de discriminación y violencia que seguimos enfrentando en lo económico, social y político, y exigir al Estado salvadoreño su compromiso real para transformar las desigualdades de género.
Este 8 de marzo, Día Internacional y Nacional de las Mujeres denunciamos al sistema patriarcal y capitalista que generan y refuerzan la explotación y discriminación de las mujeres y reproduce un sistema inequitativo de poder entre hombres y mujeres.
Los derechos de las mujeres forman parte fundamental de los derechos humanos. Los que han sido conquistados con la lucha histórica de las mujeres y del feminismo. Precisamente el 8 de marzo ha sido y sigue siendo una fecha que conmemora y reivindica estas luchas.
Denunciamos una economía que invisibiliza nuestro aporte a partir del trabajo reproductivo y del cuidado que es la base para la reproducción de la vida y el funcionamiento de nuestra sociedad. El mandato social que da la responsabilidad exclusiva de las mujeres en el cuidado es una limitante para nuestra incorporación en el mercado laboral y en espacios de formación.
El trabajo reproductivo es “trabajo productivo” y tiene que ser considerado como un aporte económico a la sociedad. No es posible que los presupuesto públicos no incorporen los recursos suficientes para el fortalecimiento de estructuras de cuidado y sistemas de protección social, menos del 5% del Presupuesto Nacional refleja explícitamente el uso de los recursos para la Igualdad de género y el régimen previsional excluye el tiempo de descanso de maternidad como parte del tiempo a ser considerado en nuestro historial laboral.
Las mujeres seguimos enfrentando una brecha salarial promedio de $56.34 en el país, la cual incluso es mayor en aquellas mujeres con niveles educativos superiores.
En el país en la actualidad alrededor de 136,000 mujeres trabajadoras del hogar remuneradas en condiciones precarias de trabajo y con un salario promedio de $100 dólares mensuales que no alcanza a cubrir la canasta básica.
Por estas razones exigimos:
Pensiones y salarios dignos
Una reforma de pensiones que incorpore el enfoque de género y reconozca la contribución que históricamente las mujeres damos a la economía a través de nuestro trabajo reproductivo y demandamos una política de empleo que fomente nuestra participación en el mercado laboral en condiciones dignas, con salarios que nos permitan cubrir nuestras necesidades, libres de acoso y violencia.
Además de la ratificación del Convenio 189 de la OIT, referente al Trabajo Doméstico Remunerado, salario mínimo y seguridad social universal y una Ley Especial que regule el Trabajo Doméstico.
Presupuestos con enfoque de género y una reforma fiscal inclusiva
Demandamos al Estado que las finanzas públicas incluyendo los presupuestos nacionales y locales deben reflejar los intereses y necesidades de las mujeres y deben aportar para fortalecer las actividades de cuidado de la niñez y personas adultas mayores así como favorecer la inclusión económica de las mujeres en las diversas esferas de la sociedad. Es necesario impulsar una reforma fiscal inclusiva que garantice la igualdad y la redistribución de los recursos, así como garantizar una visión progresiva de los impuestos donde paguen más aquellas personas con mayores ingresos.
Por nuestro derecho a vivir libres de toda forma de violencia y erradicar el fuero patriarcal
Las mujeres y las niñas seguimos enfrentando altos niveles de violencia por razones de género. Según la encuesta de violencia 7 de cada 10 mujeres en El Salvador han tenido al menos una vez una situación de violencia en su vida.
En lo que va del año 64 mujeres han sido asesinadas en el país y cada día en promedio, según datos del 2018, 6 mujeres al día denunciaron un hecho de violencia sexual, en su mayoría contra niñas y jóvenes.
Nos preocupa la cultura de impunidad que favorece a los agresores y da un mensaje social de considerar la violencia contra las mujeres un crimen menor y la permanencia del fuero patriarcal en el sistema de justicia.
En este sentido, exigimos a las instituciones del Estado, a los partidos políticos, a las universidades, al sector privado, al sector de justicia y legislativo cero tolerancia ante los agresores, a cumplir con lo que mandata la LEIV y una reforma de ley que elimine el fuero a funcionarios en hechos de violencia por razones de género.
Nuestros cuerpos nuestros derechos a una salud sexual y reproductiva
La penalización absoluta del aborto sigue condenando a cientos de mujeres a poner en riesgo su salud y vida y obliga a muchas niñas y mujeres a enfrentar embarazos impuestos producto de violaciones, en muchos casos desde sus mismos familiares.
Exigimos contar con un sistema de salud pública que garantice atención de calidad e integral en servicios de salud sexual y reproductiva, con énfasis en la prevención de embarazos en adolescentes, atención en violencia sexual y mortalidad materna.
Exigimos la despenalización del aborto por 4 causales de riesgo de salud y vida.
Niñas no Madres
3 de cada 10 embarazos en nuestro país son de niñas y adolescentes, en su mayoría embarazos impuestos producto de violaciones, donde en muchos de los casos los agresores son familiares y conocidos.
Exigimos una reforma educativa sin prejuicios y discriminación, que promueva programas de educación sexual, laica y garantizando a las niñas y adolescentes centros escolares y universidades libres de acoso y violencia.
Ni el agua, ni la tierra, ni el cuerpo de las mujeres es territorio de conquista
El 27.01% del agua que hay en nuestro país, es destinado para el uso doméstico. Actualmente 207 mil hogares no tienen acceso al agua por cañería, perjudicando directamente a las mujeres, ya que ellas realizan las tareas del cuidado. Esta realidad las obliga a movilizarse a grandes distancias en su búsqueda y exponiéndolas a situaciones de violencia machista.
Menos del 3 % de la propiedad de la tierra alrededor del mundo está en manos de mujeres, aunque ellas dan una importante contribución a la agricultura y al cuidado de los recursos naturales.
Por tanto exigimos: la no privatización del agua y la aprobación de la Ley General de Agua que declara el agua como un bien público, gestión sustentable de las cuencas, reconocimiento de las mujeres como productoras agropecuarias, tierra para las mujeres y cobertura educativa para las mujeres rurales en todos los niveles.
Mujeres diversas en un mundo de igualdad
El 54.2% del total de las personas con discapacidad en el país son mujeres y niñas, mismas que viven en situación de exclusión al no ser reconocidas en sus derechos, subsisten al margen de los beneficios de las políticas de Estado y sin acceso a sus derechos fundamentales como el derecho a la rehabilitación y ayudas técnicas, a la accesibilidad, al transporte, la salud, la educación y el empleo digno.
7 de cada 10 personas adultas mayores en el país son mujeres, las cuales se ven obligadas a tener trabajo precario para sobrevivir.
En El Salvador, 44,972 mujeres son trabajadoras sexuales, sin reconocimiento legal que las coloca en condiciones de vulnerabilidad; 7 de cada 10 trabajadoras sexuales son víctimas de violencia y 9 de cada 10 sufrió esta violencia por parte de agentes estatales.
La Ley del Nombre de la Persona Natural, no respeta, ni reconoce legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género; y no expresa posibilidad alguna para que las personas trans obtengan el nombre que las identifica.
Por tanto exigimos Ley de Inclusión para las personas con discapacidad con enfoque de género, un ente rector de las políticas públicas en el tema de discapacidad; una Ley de Identidad de Género; la no violación a los derechos de las mujeres con VIH y garantizar el acceso a la atención en salud integral a esta población.
¡POR UN MARZO FEMINISTA, NOSOTRAS PARAMOS!
¡TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS MUJERES!
