Profesionales por la Transformación de El Salvador denuncia el intento de Privatización del Agua.

Misión

Somos una organización feminista que contribuye al empoderamiento de las mujeres adultas y jóvenes, mediante la organización, movilización, incidencia y defensa de sus derechos humanos; para contribuir a erradicar la cultura machista, patriarcal y todas las formas de opresión, subordinación e injusticias, en su contra; promoviendo la salud integral, una vida libre de violencia, autonomía de su cuerpo, participación política y autonomía económica de las mujeres, generando alianzas estratégicas con el movimiento feminista y movimiento social.

Vision

Ser una organización política feminista, comprometida con la erradicación del orden patriarcal y toda forma de opresión hacia las mujeres, con incidencia nacional e internacional, para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y en armonía con la naturaleza, que se moviliza con posicionamiento territorial social, ante instituciones del Estado, ejerciendo ciudadanía plena para generar transformaciones sociales y lucha por la defensa de derechos humanos para las mujeres.

Profesionales por la Transformación de El Salvador, PROES, expresa su profunda preocupación por la decisión de diputados y diputadas de ARENA, PCN, PDC y GANA en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de dejar sin efecto los 92 artículos del proyecto de ley presentado por el Gobierno y el Foro del Agua que fueron aprobados por la legislación anterior, y tomar como base de discusión el proyecto presentado por dichos partidos, el cual conduce a la privatización del agua.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho al agua y al saneamiento como un Derecho Humano; así mismo exhortó a los Estados y a las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento como servicios esenciales para la realización de los Derechos Humanos (Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de junio de 2010. 64/692).

El Derecho Humano al Agua también ha sido reconocido de forma explícita por Tratados Internacionales ratificados por El Salvador, por ejemplo: en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se dispone que los Estados Partes asegurarán a las mujeres el derecho a "gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de [...] el abastecimiento de agua"; mientras que en el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño se exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante "el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre".

Para precisar sobre el alcance del Derecho Humano al agua, consideramos importante destacar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la observación general 15, del año 2002 manifestó que: "El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica." Es decir que el Derecho Humano al agua es una condición para el respeto a la Dignidad de la Persona Humana.

2. En este sentido, para satisfacer las obligaciones internacionales, el Estado debe garantizar que todos sus ciudadanos dispongan de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Pero al privatizar la administración, la extracción, el tratamiento, el suministro y la comercialización del servicio de agua potable, la primera consecuencia es el aumento del costo que golpea directamente a la población, además de ello suceden recortes del suministro de agua potable por falta de pago, lo que conlleva a la utilización del recurso hídrico para actividades económicas (consumo privado) en detrimento del uso doméstico y personal (consumo humano). Como ejemplo emblemático de las nocivas consecuencias de la privatización podemos citar el caso de Bolivia, donde después de haberse privatizado el Agua las tarifas aumentaron hasta en un 350%. En Bolivia incluso se llegó a privatizar la captación del agua lluvia, lo cual mencionamos como muestra de que el afán de lucro de las empresas y transnacionales no tiene límite.

3. En el año 2011 fue presentado ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley General de Aguas, iniciándose su discusión en enero de 2013, el cual cuenta con el respaldo del gobierno de entonces, del movimiento social, del Arzobispado de San Salvador y de la UCA. Dicho proyecto garantiza la administración pública del agua y fue aceptado por todas las fracciones partidarias como el documento base para aprobar una ley de agua. Por lo tanto, es incorrecto que los partidos de derecha dejen sin efecto el trabajo legislativo anterior y pretendan aprobar el nuevo proyecto que ellos presentaron, el cual les otorga a los grupos oligárquicos que dominan la ANEP, el control de la administración del agua, lo que contradice la resolución de las Naciones Unidas. Esos mismos partidos fueron los que se negaron a establecer en la Constitución el agua como un derecho humano.

4. La decisión de los partidos de derecha en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, atenta contra el derecho humano al agua, pues el anteproyecto de ley que intentan aprobar busca favorecer el interés de las empresas y de la industria cañera en detrimento del derecho de la población a contar con agua para su consumo.

Como profesionales comprometidos con las transformaciones que el país necesita, exigimos:

1. Continuar con la discusión del anteproyecto de “Ley General de Aguas” que se venía analizando desde el 2013, retomando los 92 artículos ya ratificados, pues es el que garantiza la administración pública del agua y el que cuenta con amplio respaldo social, profesional y académico.

2. Legislar de acuerdo a lo que mandata el Art. 1 de la Constitución, poniendo en el centro de todas las decisiones legislativas a la persona humana, no a los intereses mercantilistas de las grandes empresas del país.

Tal como lo establece el proyecto presentado por el Foro del Agua, los principales usos del agua deben ser el consumo humano y doméstico, así como el riego de cultivos de subsistencia. También es justo que las empresas le den tratamiento al agua sucia que generan y sobre todo que paguen por el agua que consumen para que el Estado cuente con recursos para invertir en la protección y recuperación de los mantos acuíferos.

Le hacemos un llamado a los sectores profesionales y religiosos, al movimiento popular y a la población en general a continuar luchando hasta lograr la aprobación de una ley que garantice la administración pública del agua y su acceso a toda la población.

San Salvador, 11 de junio de 2018.